México construye muro migratorio millonario en cuatro años
El gobierno de México, con casi un millón de extranjeros indocumentados detenidos en el periodo 2019-2022, ha destinado recursos para el Instituto Nacional de Migración (INM) por más de 7 mil 852 millones de pesos en este sexenio para, entre otras funciones, contener migrantes sin papeles y regresarlos a su lugar de origen.
En contraste, los recursos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) -que atendió sólo el año pasado a más de 110 mil migrantes que huyen de la violencia en sus países- han sufrido recortes y ajustes pero que se han quedado lejos de lo que recibe en INM con solo 47 millones de pesos para 2023.
El artículo 20 de la Ley de Migración -expedida en el sexenio de Felipe Calderón pero modificada durante esta administración- establece que una de las funciones del INM es “vigilar la entrada y salida de personas al territorio” nacional.
Además “conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario”.
Así, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2019 recibió recursos por mil 330 millones 602 mil pesos; en 2020 aumentó a mil 487 millones 031 mil pesos y para 2021 a mil 603 millones 050 mil pesos.
Para 2022 los recursos asignados al Instituto fueron de mil 662 millones 450 mil pesos y para 2023 se asignaron en el Presupuesto mil 769 millones 159 mil pesos, superando incluso lo que había destinado el gobierno de Peña Nieto en su último año con mil 731 millones de pesos en 2018.
En contraste, al inicio de esta administración en 2019, la Comar tuvo un presupuesto de 20 millones 843 mil pesos, cinco millones menos que en 2018; pero para 2020 la cifra aumentó a poco más de 27 millones 360 mil pesos, en 2021 subió a 40 millones 570 mil y en 2022 fueron 45 millones 667 mil pesos y para este año 48 millones 339 mil pesos.
Fernanda Rivero, de Sin Fronteras IAP, expuso su preocupación sobre el tema presupuestal. “El INM recibe un presupuesto sólido para detener y deportar migrantes y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene mucho menos presupuesto para socorrerlos”, dijo.
Además, puntualizó que aunque la asignación de presupuesto le compete a la Federación, como se detalló anteriormente con el PEF 2023, el verdadero peso de atención a las personas migrantes muchas veces recae en los municipios.
“Y si todo recae en un municipio con sus propias problemáticas como la pobreza, genera xenofobia y aversión a las personas migrantes”, sentenció.
La funcionaria de Sin Fronteras IAP también planteó que el principal problema de la actual administración es que considera a la migración como un tema de seguridad nacional, cuando debería ser de seguridad humana.
Rivero explicó que el artículo primero de la Constitución protege las garantías individuales de todas las personas, incluso de las migrantes. A la letra, la Carta Magna dice “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
Sin embargo reconoció que el tema de los derechos humanos en los documentos suena muy ideal, empero en la ejecución “desafortunadamente son violados por las instituciones”.
Entre otros aspectos, ejemplificó con el tema de la salud, particularmente de las vacunas contra el COVID-19; “en los centros de salud no querían vacunar a los migrantes”, explicó.
