El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, presentó antecedentes de 27 años sobre empresas relacionadas con contrataciones electorales que acumularían operaciones por 2 mil 740.3 millones de pesos.
El Gobierno de Puebla manifestó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante las investigaciones relacionadas con una presunta red de corrupción en la contratación de materiales y servicios electorales. La administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta Mier, expresó su disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
En representación del gobernador, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, presentó una cronología de 27 años sobre el origen y desarrollo de un grupo empresarial señalado por presuntamente operar mediante compañías relacionadas, algunas identificadas como posibles empresas fachada y factureras.
Durante su intervención ante medios de comunicación, explicó que la trayectoria de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), comenzó en 2014, cuando fue designada consejera electoral en Sonora por el Consejo General encabezado entonces por Lorenzo Córdova. Posteriormente, en 2023, llegó a la presidencia del organismo mediante un proceso de insaculación establecido en la legislación.
De acuerdo con la información pública presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, se identificaron al menos seis empresas vinculadas con una red de contrataciones que habría acumulado aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos.
Entre los antecedentes expuestos se encuentran operaciones en el Estado de México desde 1999, un contrato por 63.7 millones de pesos en 2005 que derivó en señalamientos y renuncias de consejeros, además de adjudicaciones realizadas en distintas entidades durante años posteriores.
Por su parte, Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina de este jueves que la investigación derivó de una revisión de fuentes abiertas y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
En el caso de Puebla, García Parra señaló que se tienen identificadas contrataciones por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, así como 129.7 millones durante 2024 y 2025, montos que deberán ser revisados por las instancias competentes.
El Gobierno estatal aseguró que respaldará las investigaciones sin excepciones, respetará la autonomía de las autoridades electorales y promoverá la publicación integral de los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Finalmente, la administración de Alejandro Armenta destacó que mantiene acciones de combate a la corrupción y rendición de cuentas, entre ellas la separación de 315 personas del servicio público por irregularidades detectadas, y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027.
