La iniciativa presentada por el diputado Mauricio Céspedes plantea considerar estas conductas como tentativa de homicidio cuando pongan en riesgo la vida de terceros.
Disparar un arma de fuego al aire o realizar detonaciones de manera aleatoria en espacios públicos podría tener consecuencias más severas en Puebla. El diputado local Mauricio Céspedes, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para que este tipo de conductas puedan ser consideradas como tentativa de homicidio y castigadas con hasta 26 años de prisión.
El legislador señaló que la propuesta surge ante la preocupación por los disparos registrados en calles y espacios públicos, pues una bala puede alcanzar a personas que no tienen ninguna relación con quien porta el arma.
De acuerdo con Céspedes, existen alrededor de 20 casos registrados en Puebla, aunque reconoció que la cifra podría ser mayor debido a aquellos hechos que no son denunciados ante las autoridades.
Buscan evitar que sea una sanción menor
La propuesta pretende que las detonaciones aleatorias no sean consideradas únicamente como una conducta irresponsable, sino que se valore el riesgo que representan para la población.
El diputado puso como referencia los hechos registrados en la zona de la Atlixcáyotl, donde una persona realizó disparos y generó temor entre quienes se encontraban en el lugar.
La iniciativa establece que, cuando las circunstancias permitan acreditar que una persona realizó disparos poniendo deliberadamente en peligro la vida de terceros, el hecho pueda ser perseguido como tentativa de homicidio, con una pena de hasta 26 años de cárcel.
La iniciativa todavía debe ser aprobada
Céspedes sostuvo que la reforma no debe quedarse en una propuesta sin efectos y planteó que las consecuencias legales correspondan con el peligro generado.
Sin embargo, la modificación todavía debe seguir el proceso legislativo correspondiente, por lo que actualmente no constituye una nueva pena aplicable de manera automática.
Ahora corresponderá al Congreso de Puebla analizar la iniciativa, discutir sus alcances y determinar si procede modificar el marco jurídico.
El debate busca poner sobre la mesa la responsabilidad de quienes accionan un arma en espacios públicos y el riesgo de que una bala perdida termine afectando a personas ajenas a cualquier conflicto.
